¿Democracia? ¿Derechos Humanos?
Allanamientos violentos en La Quiaca, bajo el “modus operandi” de la dictadura militar

El 26 de enero pasado, en la ciudad de La Quiaca, hemos vivido la brutalidad de la policía de la provincia de Jujuy al mejor estilo del proceso militar, como si fueran parte de un gobierno de facto.
Los allanamientos domiciliarios se produjeron por orden del Juez de Instrucción en lo penal Dr. Francisco Javier Arostegui y vinieron acompañados por 200 efectivos de la capital jujeña, la brigada de investigación y la infantería, bajo la responsabilidad del comisario general Jorge Ayarbe, jefe de la policía de la provincia de Jujuy.
A las 5 de la madrugada de ese día y en plena oscuridad, comenzaron los operativos de allanamiento a 32 domicilios quiaqueños que, de acuerdo a los relatos de los vecinos, se hicieron con una brutalidad y accionar tan violento que todavía no salimos del asombro. Los policías, con rostros cubiertos, rompieron las puertas de calle y puertas internas de los hogares. En la mayoría de los casos, sin presentar previamente la orden de allanamiento, ni testigos, ni actas firmadas de los bienes que incautaron. Maltrataron a ancianos, niños desde dos a trece años, adolescentes y jóvenes transeúntes, incluso enfermos y hasta un discapacitado, sacándolos de sus camas semidesnudos, haciéndolos arrodillar o tirándolos al piso, apuntándolos con pistolas y armas. Y así, de esta manera, terminaron maniatándolos con precintos y trasladándolos a la comisaría. Comprobando luego que, en su totalidad, no presentaban antecedentes penales. Eran ciudadanos comunes. Además, en tres casos concretos, se equivocaron de casa.
Entre los maltratos podemos rescatar las siguientes declaraciones de personas afectadas como:

-“La Señora Subelza vive en una precaria vivienda y tiene un hijo discapacitado con poca visión y que no puede hablar. A su hijo lo confundieron con un delincuente, lo tiraron al piso y lo interrogaron violentamente. Los policías, al notar el error, abandonaron la vivienda. Pero dejaron serias secuelas psicológicas en la familia.” -“Mataron a la perra mascota del hogar de la señora Giardina. El animal no permitía que los policías ingresaran al domicilio, ya que estaban rompiendo y destruyendo vidrios, marcos de puertas y cerraduras. Obligaron a su marido a arrodillarse y lo maniataron; además, los policías se llevaron la mortadela y el queso que se encontraba en la heladera”. -“El Sr. Martínez sientió ruido en la puerta y pensó que era su vecino. Cuando sale se encuentra con la policía, lo encañonaron y lo redujeron. Su mujer les dice que se habían equivocado y que la persona que buscan era de dos casas más arriba. Sus hijos se asustan y lloran por la escena de violencia que se produce. Cuando salen en el móvil llevándolo maniatado le preguntan al señor Martinez como se llega a la comisaría, pues no conocían el camino. Cuando llegan se dan cuenta que en la orden de allanamiento no figura el señor Martinez y se observa corregido a mano y con birome el número de la casa. Conclusión: allanamiento equivocado”. -“El allanamiento del domicilio de la señora Coro se realizó cuando no había nadie en su casa. Cuando ella llega se da con la sorpresa que todo esta revuelto y piensa que han sido los ladrones. Se va al baño de la casa, puesto que allí había guardado plata por valor de trece mil pesos. Acude a la policía y realiza la denuncia por robo de ladrones. En ese momento la policía no le avisa que se había producido un allanamiento judicial. Por ello, cuando vuelve a su casa le avisan los vecinos que había sido la policía. Vuelve de nuevo a la comisaría para ampliar la denuncia pero la policía no se la quiere recibir, diciéndole que con la denuncia hecha anteriormente ya es suficiente”. “El señor Peñalosa se encontraba en su cama con su pie fracturado, cuando la policía le hizo tirar al suelo y por la fuerza le volvieron a quebrar el pie; mientras tanto su esposa le quería acercar las muletas, pero no le dio tiempo. En la misma casa tiene una familia de inquilinos y uno de los niños de tres años, por el miedo y la violencia de la policía, ha quedado tartamudo y con pesadillas”.
Estos son algunos de los testimonios que reflejan esta terrible violación de los derechos de las personas, cómo han pisoteado su dignidad y han denigrado su moral. Se trata de familias que han sido humilladas y tratadas sin ningún respeto. La pregunta que todos se hacen después de estos acontecimientos es esta: ¿Por qué no se hicieron los allanamientos tocando la puerta y mostrando las órdenes del juez junto con los testigos y las actas correspondientes?
Todos acordamos en afirmar que el Sr. Juez Arostegui se ha salido de las leyes establecidas y ha violado los derechos de las personas. Por ello, en estos momentos ya se han realizado más de 20 denuncias penales contra el Juez y el Jefe de Policía. Estamos convencidos ambas autoridades deben ser investigadas y suspendidas de sus cargos; además, se debe realizar el resarcimiento de los daños a todas las familias.
La razón que motivó al Sr. Juez a efectuar estos allanamientos fue una serie de hechos delictivos, tales como el robo de una camioneta de alta gama. Las medidas tomadas no se corresponden. Sin embargo, en esos hechos delictivos anteriores se produjo la muerte de un taxista por asalto y envenenamiento, pero en los fundamentos de los allanamientos dispuestos por el Juez ni siquiera se nombra esta muerte. Parece que son más importantes los bienes materiales.
En medio de estas circunstancias un grupo de vecinos autoconvocados estaba realizando una serie de reuniones con autoridades del gobierno de la provincia y de la ciudad de La Quiaca, para que se tomen medidas por los problemas de la inseguridad. Parece que el mensaje del gobierno fue este: ¡Van a tener seguridad!

P. Jesús Olmedo
Párroco de La Quiaca